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EL COSTO DE LA LEY

El proyecto del Banco Mundial adquiere esa identidad documentada con la carta de 1991 dirigida al gobierno de Carlos Menem que abre paso al proceso de privatización de Gas del Estado, cuya acta de defunción sería firmada el 20 de mayo de 1994, a las puertas de una reforma constitucional que transferiría los recursos naturales a las provincias. Al ente de control, fue un asesor del senador Juan Carlos Romero, de activa participación en el proceso de liquidación de la empresa creada por Perón. También el funcionario de Energía que terminó así controlándose a sí mismo. El alto costo de una ley en el más amplio de los sentidos.

Por Armando Vidal

La oposición no la esperaba hasta que llegó una carta fechada el 4 de junio de 1991 remitida a Av. Julio A. Roca 651 y a nombre del secretario de Combustibles, Raúl García, cuyo texto decía: “...tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacerle llegar la versión final del proyecto de ley de suninistro, transporte y distribución de gas natural”.

Llevaba la firma de Mirna Alexander, representante del Banco Mundial. Desde ese momento la privatización de Gas del Estado, la tercera empresa gasífera en ventas del mundo, se puso en marcha. Un año después -9 de junio de 1992-, el PEN promulgaba la norma, tras varios vetos.La ley tuvo un alto costo en el más amplio de los sentidos.

Cavallo había prometido que el proceso de las privatizaciones del cual él era ahora el responsable al absorber el ministerio que ocupó Dromi contaría con sus respectivos marcos regulatorios. No se trataba de hacer nada comparable a ENTel o Aerolíneas Argentinas. Logró el marco regulatorio eléctrico (vetado en lo que se refería al control de una comisión bicameral) y luego, esforzadamente, el gasífero.

Pero el 18 de junio de 1992, el PEN sacó por decreto el que correspondía a la privatización de Obras Sanitarias de la Nación. Cavallo había exaltado el mérito de las leyes y prometido que se sujetaría a ellas en su primera visita como ministro al Congreso, hasta lograr aplausos opositores en su informe brindado en la comisión de Presupuesto.

La contradicción de apostar a la paciencia que exige toda ley la resolvió finalmente echando mano a los decretos. Al fin de cuenta era el Cavallo de siempre. No hubo contemplaciones para los vecinos con cuyos aportes en cooperativas y comunas se tendieron las redes para el suministro de gas: las distribuidoras les pasaron por arriba con apoyo del ente estatal encomendado para evitarlo.

Si el esfuerzo de la comunidad había sido para que Gas del Estado cobrase el servicio después que esas entidades vecinales hicieron la inversión, con la privatización fueron grupos económicos los que se beneficiaron del esfuerzo ajeno.Víctimas de extorsiones y presiones de distinta naturaleza, poco a poco esos grupos de usuarios organizados en todo el país fueron obligados a malvender cuando no a ceder a las distribuidoras el producto de años de esfuerzo. Algunas entidades resistieron y pusieron a prueba la solidaridad política del Congreso que había permitido el atropello al no insistir con los artículos vetados por el PEN en la ley de marco regulatorio, uno de los cuales contemplaba precisamente esta situación por propuesta del demoprogresista Alberto Natale.

No tuvieron significación económica tomando en cuenta la danza de los millones del negocio, pero oficiaron de dato referente. Mucho tiempo después de la ley, el mismo Congreso procuraba reparar las consecuencias de haber puesto un instrumento en manos de Cavallo que sería usado contra los legítimos propietarios de las obras. No sólo eran cooperativas sino entidades organizadas por provincias, municipalidades y comunas.

* Disuelven Gas del Estado

Gas del Estado finalmente fue disuelta el 20 de mayo de 1994, tarea que tuvo a cargo el economista Tomás Donovan, quien cerró así los asuntos pendientes de la etapa de plena expansión de la empresa que lo había tenido como director entre 1978 y 1982.

Pese a su trayectoria, Donovan había fracasado en su aspiración de ser miembro del Ente Regulador para lo cual había presentado antecedentes y afrontado un examen minucioso por técnicos de la consultora Booz, Allen y Hamilton, al igual que los 257 aspirantes.

No accedió como tampoco ninguno del numeroso contingente: más suerte tuvo un asesor del senador Juan Carlos Romero -que había sucedido a Liliana Gurdulich de Correa en la presidencia de la comisión de Reforma del Estado abocada al seguimiento de las privatizaciones-, el ingeniero Oviedo, salteño como su patrocinante.Una elección que puso en evidencia la poca claridad en la selección de los directores.

El Ente Nacional Regulación de Gas, inauguró sus actividades en abril de 1993. La privatización consistió en dividir a Gas del Estado en dos sociedades transportadoras (los gasoductos troncales) y ocho distribuidoras, lo que se hizo por decreto basado en la ley de reforma del Estado (23.696).

La ley sujetó a Gas del Estado a su privatización total mediante cualquiera de las modalidades previstas en aquella la ley arrancada al Parlamento cuando todavía no se había depositado el hongo de polvo por la caída de Alfonsín. Pese a que las reservas cuantificadas son de cuarenta años, las habilitaciones se extendieron a 35, con derecho de ser renovadas por igual término.

El volumen de la operación se estimó en alrededor de 2.000 millones de dólares (la facturación en 1991 había sido de 1.600 millones), con posibilidad de pago en papeles de la deuda externa.

La propia naturaleza del servicio transfirió el monopolio estatal al sector privado y la ley puso a las cooperativas en la obligación de llegar a un entendimiento con el distribuidor sin concederle la posibilidad de ser parte de la distribución.

La rentabilidad rige la norma, un servicio que se ampliará “sólo si resulta atractivo en términos económicos”, según declaraciones del secretario de Combustibles Raúl García, quien luego pasó a presidir el Ente para controlar lo realizado por él.

No sólo las cooperativas: también los jubilados, según la redacción aprobada por el Senado que los dejó afuera de los beneficios comprendidos por la ley 23966.

Entre las omisiones, figura la falta de sanciones a las empresas -primordialmente extranjeras- no redimibles por multas en caso de transgresión grave, a diferencia del régimen de Estados Unidos. El proyecto integró el temario de asuntos del PEN para las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 17 de febrero de 1992.

Se trataba de cumplir con el calendario de la privatización que debía pasar por los llamados a licitación y las adjudicaciones correspondientes. Una clásica ley sacada a los apurones. Al mes siguiente dos explosiones conmovieron al país: el 17 de marzo, el criminal atentado contra la embajada de Israel y el jueves 26 el escándalo del diputrucho en la Cámara de Diputados precisamente por esta ley.

Fuente: El Congreso en la trampa (Ed. Planeta, 1995), Pags. 114/116.