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OTRA VEZ LA IMPRENTA PIERDE A LOS MEJORES

Defender al Congreso debería ser el cometido central de sus autoridades y trabajadores. La violación de la ley 24.600 -estatuto del personal legislativo- es contra los empleados de carrera. Lo que pasa en la Imprenta es un mal ejemplo. 

Por Armando Vidal

Algo está pasando en la Imprenta del Congreso de la Nación, algo que viene pasando desde hace tiempo y que se refleja ahora con la no publicación en tiempo y forma de los dictámenes de comisión, imprescindibles para llevar los temas al recinto, en este caso de Diputados. 

La Imprenta, creada por ley, que cuenta con presupuesto propio y sobre la cual cada dos años las Cámaras alternan su conducción  -en el presente depende del Senado- vio afectado su servicio por los cambios que se han producido en la órbita de Diputados, al parecer promovidos con el apoyo del gremio y que han afectado a su personal técnico. Un personal formado en las tradicionales prácticas del oficio gráfico

y a la vez en avanzadas técnicas de programas cibernéticos, trabajadores de todo horario que venían bregando contra incomprensiones de jefes políticos y adversidades aún mayores para actualizar, modernizar y dinamizar la tarea.

Lo hicieron hasta el punto de poder atender otros cometidos requeridos por instituciones y dependencias externas. Venían, por ejemplo, poniendo al día los diarios de sesiones que tienen varios años de atraso.

La Imprenta fue –y probablemente vuelva a ser- un ámbito sobre el cual los poderes transitorios de los políticos de turno de ambas Cámaras la cargaron con gente ajena a la especialidad. En algún momento, por ejemplo, convivieron barras de fútbol de distintos clubes que sólo llegaban al Congreso los días 29 de cada mes. Ahora ya no sería necesario que se molesten: les depositarían el sueldo. 

Por alguna razón que se percibe pero que no se señala explícitamente, un sector del gremialismo parlamentario salió a recordar hace unos días los diez años del frustrado intento del cierre de la Imprenta del Congreso de la Nación.

Lo hizo con afiches callejeros y un pronunciamiento de un sector afín al ex secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, Ricardo Sablich, conductor de aquellas luchas que impidieron la aplicación de un decreto de necesidad y urgencia del entonces presidente Fernando de la Rúa, impulsado por su ministro de Economía José Luis Machinea con el apoyo de quien entonces era titular de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual.

Fueron jornadas de plena movilización de los trabajadores legislativos, que también contaron con la participación activa del secretario actual de la APL, Norberto Di Próspero, en tiempos en que era el adjunto de Sablich, relación gremial y una amistad personal que el tiempo pondría fin por razones de las que ambos no suelen hablar.

¿Por qué quisieron cerrar la Imprenta, por medio de un DNU? ¿Por qué querían hacerlo cuando acentuaba su recuperación tras años de haber sido usada como depósito de ñoquis?

Porque querían darle el negocio a las grandes empresas privadas.

Antes que los radicales delarruístas, lo habían intentado los peronistas menemistas.

Aquella APL, con Sablich a la cabeza y con Di Próspero al lado, había logrado, en acuerdos con ambas Cámaras – Diputados, presidida por Alberto Pierri y el Senado, por Eduardo Menem- la sanción de la emblemática ley 24.600, que consagró el estatuto del personal legislativo, cuya razón y sentido fue garantizar la estabilidad y carrera de sus empleados.

Pretendió ser una barrera contra el acomodo y los favoritismo de quienes son autoridades pasajeras de los cuerpos por provenir de mandatos electivos con plazo fijo, más allá de que puedan ser extensos como lo fue, por ejemplo, el de Pierri que se extendió a lo largo de la gestión de Carlos Menem: diez años y seis meses.

“Congreso unido jamás será vencido…", decía la consigna de hace diez años, en la evocación de esas asambleas multitudinarias de varios días de lucha contra el intento de cerrar la Imprenta.

La primera diferencia con la actualidad compromete al mismo gremio de la APL y a la violación del estatuto del empleado parlamentario.

Podrían los abusos de hoy pavimentar mañana la llegada del tercer intento privatizador, posibilidad para nada descartable según los vientos políticos que soplan por lo menos en el Congreso.

Dicen que hay listas con el personal ingresado en violación al estatuto y que ocupa, para colmo, altas categorías sin capacidad siquiera para ello. ¿Se atreverían los máximos jefes de las Cámaras, Eduardo Fellner, en Diputados y Julio Cleto Cobos, en el Senado, salir al cruce de estas versiones?

Difícil.

Lo que seguiría a esas maniobras y a ese silencio de las autoridades será seguramente la campaña de algunos medios contra la Imprenta.

¿Y el gremio? ¿Acaso el gremio que conduce Di Próspero y que recientemente reparó la memoria de una empleada fiel juzgada por lo contrario en dictadura en la Bibloteca del Congreso no va a reaccionar en el caso de las arbitrariedades de la Imprenta de hoy?

También difícil si se tiene en cuenta que el secretario adjunto Gustavo Antelo pertenece a la propia Imprenta.

Pero no imposible.