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IMPRENTA

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FRAUDE EN LA IMPRENTA

Este es un editorial del diario Clarín en cuyas páginas de la entonces sección Política publicó varios artículos de su acreditado en el Senado de la Nación, Alfredo Gutiérrez, siguiendo una cadena de hechos a partir de la denuncia de quien era el titular de esa Cámara, el delasotista Juan Carlos Maqueda, luego miembro de la Corte Superior de Justicia. Entre los acusados estaban los máximos jefes de la Imprenta: Hugo Pini, Osvaldo Mamut y Néstor Fuentes (*).

 Frente a la denuncia de un fraude en la imprenta del Congreso, urge que las autoridades judiciales esclarezcan una situación que tiene serias implicaciones políticas.

Según una denuncia judicial hecha por el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda, entre 1995 y 1999 habrían desaparecido de la imprenta del Congreso de la Nación cerca de 3 millones de pesos convertibles, a través de maniobras fraudulentas.

La estafa, que salió a la luz a raíz de una auditoría interna iniciada hace dos años, se cometió mediante dos maniobras diferentes.

Una consistía en que el Senado pagaba en efectivo los trabajos —como impresión de reglamentos, libros o tarjetas para legisladores—, y en la imprenta emitían una factura por ese monto, pero también otra melliza por una suma sensiblemente inferior.

Esta era la que ingresaba realmente a la imprenta como cobrada, mientras la diferencia desaparecía.

En otros casos, se recibían los pagos por trabajos encargados por el Ministerio del Interior, por ejemplo, pero no se los asentaba, de modo que aquél aparecía como deudor de la imprenta.

Posteriormente se convertía la deuda en supuestas "notas de crédito" —una suerte de "condonación" sin respaldo en ninguna documentación y sin avisarle al deudor— y se anulaban las facturas emitidas, de modo que se cerraba la operación, el balance quedaba en cero, pero el dinero abonado desaparecía.

La primera maniobra se descubrió al hacer la simple comparación entre los egresos del Senado y los ingresos de la imprenta.

Conforme la denuncia, esto nunca pudo haberse realizado sin la complicidad de funcionarios del propio Senado, que aceptaban pagar en efectivo lo que podría haberse realizado mediante un registro contable dentro del mismo organismo.

Como consecuencia de las denuncias se sabe, ahora, que el déficit de la imprenta no se debía a que era antieconómica sino a los fraudes.

La denuncia involucra, hasta ahora, a funcionarios de planta —en ejercicio o retirados— de menor jerarquía, pero las responsabilidades podrían afectar a otras autoridades de mayor rango.

Como en la misma denuncia se reconoce, tuvo que haber existido un acuerdo previo de voluntades para facilitar el fraude. Porque es difícil imaginar que un empleado del Senado autorice pagos en efectivo de 200 o 300 mil pesos a la imprenta sin complicidad o tolerancia de niveles más altos.

(*) Información de Clarín, sin firma del 31/7/02, cuyo título es "Prohibirían salir del país a funcionarios del Congreso". El fiscal Guillermo Marijuan requirió esa medida (que, vale acotar ya que no está incluido el dato en este artículo, de inmediato tomó el juez Norberto Oyarbide). Acompaña la nota, una columna de Afredo Gutiérrez, acreditado del diario en el Senado, titulada "La responsabilidad de los políticos".

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ESTAFAS EN LA PROPIA CASA

La falta de rígidos controles en la administración de los recursos públicos genera situaciones como la que aquí se consignan. Maniobras ilícitas en desmedro del Senado de la Nación por parte de altos funcionarios y con la Imprenta del Congreso de la Nación usada como pantalla.

Por Alfredo Gutiérrez

El pasado a veces se empeña en aparecer cuando ya nadie lo espera: esta semana se supo que dos ex altísimos funcionarios del Senado en los 90 fueron procesados por peculado, y embargados en 500.000 pesos cada uno, por maniobras con facturas y recibos "mellizos" de trabajos de la imprenta del Congreso.

El perjuicio calculado por la Justicia es de más de dos millones de pesos-dólares.

Los procesados son Edgardo Murguía, secretario Administrativo del Senado entre 1991 y 1995, y Edgardo Piuzzi, secretario Parlamentario en 1991 y 1998, año en que fue designado embajador en Túnez. Los dos eran hombres de máxima confianza del entonces senador Eduardo Menem.

También está procesada Matilde del Valle Guerrero, quien estuvo a cargo de la Secretaría Administrativa entre el 95 y el 99, bajo las órdenes del ahora diputado Carlos Ruckauf.

Los tres ocuparon la más alta jerarquía a que puede aspirar un funcionario de la casa, al punto que sus salarios estaban equiparados al de un senador.

Y coincidieron en una época de escaso control —por no decir descontrol— sobre el uso de la "caja" del Senado.

De aquel tiempo, se comenta de legisladores que cuando se fueron debían dietas cobradas como "adelantos" —que nunca devolvieron—, pasajes y rendiciones de viajes.

La maniobra con la imprenta del Congreso sólo pudo suceder en aquel escenario.

Por orden de Murguía, el Senado pagaba en efectivo trabajos realizados por la imprenta —publicación de diarios de sesiones, o libros—, pero se emitían dos recibos: el oficial y uno "mellizo" por un valor sensiblemente inferior.

El dinero —cobrado en el banco por algún funcionario— salía del Senado pero sólo ingresaba una parte a la imprenta del mismo Congreso. El resto quedaba en algún bolsillo.

Para eso fue necesario, según la medida firmada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que en el Senado se den como "recibidos" más ejemplares que los que realmente se imprimieron, de modo de justificar los pagos.

En concreto, se pagaba por caso por 3.000 ejemplares cuando en realidad sólo se hicieron 2.000.

El fallo abunda en ejemplos: por la factura 613/97 el Senado pagó 75.481 pesos, pero ingresaron a la imprenta sólo 20.923.

En el expediente 18.966/93 se pagaron 208.879 pesos, pero a la imprenta llegaron 53,38. Y por el 30.312/98 la Cámara pagó 307.040 contra sólo 14 pesos que dice el recibo "mellizo".

En la causa están detallados una veintena de casos, y tienen procesamiento en firme otros ex funcionarios como el ex tesorero del Senado Eduardo Cartelli, y el ex director de Publicaciones Alejandro Colombo. Ambos fueron exonerados.

La denuncia fue hecha en julio de 2002 por el apoderado judicial del Senado, Juan Carlos Salerni, cuando corrían vientos de renovación política. El Presidente de la Nación era Eduardo Duhalde y el titular del Senado, Juan Carlos Maqueda, ahora juez de la Corte Suprema.

Poco antes había sucedido una de las peores crisis de la historia democrática, que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa y provocó duros cuestionamientos a la política y todo lo relacionado con ella.

Aquella fue la primera vez en la historia que el Senado se convirtió en querellante, y Salerni siguió la causa con ahínco todos estos años. Las consecuencias —procesamientos y detalles de las maniobras— llegan hasta hoy y muestran que el pasado nunca se va del todo.

Como para que el descontrol no vuelva a repetirse.

Título y bajada: Desde el Congreso: acusados de peculado en la causa de la Imprenta/ Procesaron a dos hombres fuertes del Senado de los 90

Fuente: Clarín, 4/12/06

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IMPRENTA, MIENTRAS HABLAN LAS PAREDES

Quizás sea temerario hablar de corrupción pero la información aqui aportada reclama una tajante desmentida o una pronta investigación por parte de las autoridades. Algo está pasando en la Imprenta, dicen las paredes

Por Armando Vidal

Carteles y afiches en las inmediaciones y adentro del Palacio Legislativo, que llevaban el sello de una corriente interna del gremio más importante de los trabajadores parlamentarios, pusieron en duda la transparencia de la reciente venta de varias máquinas de la Imprenta del Congreso de la Nación.

Se insiste: no era un anónimo sino que estaban suscriptos por el sector que fue conducción y seguramente pretende volver

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MEMORIA DE UNA LUCHA

Un acto reivindicativo recordó la lucha de los trabajadores de la Imprenta y de toda la comunidad parlamentaria contra la decisión de mayo de 2000, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, con Rafael Pascual, como presidente de la Cámara de Diputados y Chacho Alvarez, en el Senado, cuando se quiso cerrar la Imprenta. Este es uno de los pronunciamientos.

El 31 de mayo de 2012,  recordamos la agresión más artera que recibieran los trabajadores legislativos en la historia del Congreso, cometida doce años atrás. Fue el cierre de la Imprenta, a través de un decreto de necesidad y urgencia, en medio de un paquete de medidas anunciadas por un gobierno de la Alianza, a poco más de cinco meses de asumir.

La magnitud del artero ataque a la fuente de trabajo provocó en los trabajadores organizados una respuesta de igual o mayor envergadura, a partir de un paro por tiempo indeterminado, la toma pacífica de la Imprenta y la movilización de toda la familia legislativa.

Jornadas que empezaron y culminaron con miles de legislativos movilizados desde el anuncio del cierre el 29 de mayo, hasta el 6 de junio, día en que una Asamblea General Extraordinaria aprobara un acta acuerdo.

En esos días cargados de tensión la familia legislativa puso lo mejor de sí bajo las consignas de "Un Congreso unido, jamás será vencido"  y "Un Congreso sin privilegios, ésa es la voluntad de los trabajadores", jornadas que fueron paradigma de la unidad y el reencuentro legislativo.

Con el recuerdo, vaya el homenaje a todos los que  supieron construir una lucha digna que permitió que el corazón del Parlamento siguiera latiendo.

Quisimos en la evocación que las palabras también estuvieran acompañadas por fotografías para comprobar que lo que aparece es el conjunto de los trabajadores dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias para poner a salvo la Imprenta.

Trabajadores, funcionarios, compañeras y compañeros de toda la casa y el invalorable aporte de los delegados de base de los cinco sectores del Congreso que estuvieron, junto con quienes guardaban la representación gremial y tenían la responsabilidad de la conducción, estuvieron a la altura de las circunstancias. 

Ese conjunto de voluntades honró el espíritu de lucha de compañeros de la Imprenta que, en plena dictadura, se negaron a bajar el cuadro de Perón, convicciones firmes que ojalá tengan su correlato hoy y siempre en el Parlamento cuando se pretenda avasallar un derecho.

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1995, OTRO INTENTO DE PRIVATIZACIÓN

El primer Presupuesto (1996) del segundo gobierno de Carlos Menem incluía un ajuste en el Congreso y una nueva embestida para privatizar la Imprenta del Congreso de la Nación, como era  intención de Alberto Pierri y que volvería a repetirse en 1999 cuando lo sucedió en el máximo cargo de la Cámara el radical Rafael Pascual. Partidas previstas que no se gastan se devuelven a Tesorería de la Nación.  

Por Armando Vidal

Diputados se apresta a encarar un ajuste que se anticipa el primero para dinamizar la tarea legislativa.

Si coincide con la necesidad de reducir gastos no es, precisamente, por pura casualidad.

Esta misma semana comenzará la discusión del Presupuesto '96 en la comisión de Presupuesto, encargada de elaborar el dictamen.

El Congreso tiene asignados un total de 393.287.022 pesos que se discriminan de la siguiente forma:

* Senado 120,407.080 pesos

* Diputados 193.657.182 

*  Biblioteca 30.065.260 

*  Imprenta 21.041.084 

* Obra social 18.730.361 

* Defensor¡a  del Pueblo 9.386.055

 Existe conciencia compartida en cuanto a la necesidad de reducir el plantel del personal, sin que ello signifique caer en despidos.

Para ello, se piensa en acelerar el proceso de privatizaci¢n de la Imprenta (850 personas con 20.049.087 pesos en sueldos) y en derivar personal de la Biblioteca (1072 personas con 29.293.973 pesos en sueldos) hacia la Biblioteca Nacional.

La obra social, que atiende a 36 mil afiliados, cuenta con 536 personas a su cargo.

En cuanto al uso de los llamados "fondos reservados" se entiende que se trata de un concepto que, si se admite como tal, no deber¡a merecer explicaciones ni rendimiento de cuenta alguna, según portavoces oficialistas.

La discusi¢n, por tanto, no es sobre el monto -ahora de 18.000.000 ya que 2.000.000 fueron reducidos recientemente por decreto- y cuya administraci¢n se dividen ambas presidencias de Cámara.

Con ese fondo no imputable previamente -ese ser¡a su nombre técnico- los diputados cobran el aguinaldo, dividido en dos cuotas y se paga el llamado "desarraigo", alrededor de 1.200 pesos por mes que perciben 150 diputados que viven lejos de la Capital Federal.

También se distribuye, proporcionalmente al número, a los distintos bloques, se realizan donaciones y se atienden emergencias (todo con recibo, aclaran las autoridades de la Cámara de Diputados que explican que el procedimiento se aplica desde la época de Juan Carlos Pugliese al frente de ella).

 En materia de pasajes a los legisladores, el criterio aplicado es devoluciónde aquellos que no se usen, lo cual es retribuido en dinero.

Todos -incluyendo a los legisaladores porteños porque se trata de diputados nacionales- tienen derecho a siete pasajes ida y vuelta (o sea 14 tramos) y a 5 terrestres (o sea 10 tramos).

Con esto la Cámara ahorra alrededor del 30 por ciento de los gastos desde que se aplica este método desde 1991.

En Diputados, se atribuye que la merma de partidas por alrededor de 50 millones de pesos con relación al a¤o anterior se debe a que Alberto Pierri devolvió 45 millones que no hab¡an sido gastados.

Fuente: Escrito para Clarín, 9/11/95.