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PROYECTO PERONISTA POR PAPEL PRENSA

Hubo otro proyecto referido a Papel Prensa S.A., con entrada por Diputados, además del último de promoción de la actividad enviado por la presidente Cristina Kirchner. Fue el primero, presentado apenas se abrieron las puertas del Congreso con la recuperación de la democracia. Pese al tenor de los planteos, no tuvo suficiente difusión. y ninguna en los principales diarios.

Por Armando Vidal

Enero de 1984 fue un mes tan caluroso como activo en el Congreso de la Nación, en especial en la Cámara de Diputados.

Todos se movían en diferentes direcciones buscando un camino propio de actuación en esa calle ancha y sin veredas llamada democracia. Y así un diputado peronista con fama ganada en las calles de Avellaneda, Norberto Imbelloni, había consumado tres hechos al hilo, tan firmes como sorprendentes para quienes comenzaban a conocer a un peronista de los pesados.

El primero fue haber hecho entrar a la Cámara contra quienes intentaron impedirlo a las Madres de Plaza de Mayo a la sesión del 16 de diciembre de 1983 en la que iba a tratarse la anulación de la autoamnistía militar. Otro fue el 17 de enero cuando hizo llevar a la Cámara, contra su voluntad, al general Luciano Benjamín Menéndez (fue uniformado) por declaraciones agraviantes contra el cuerpo. Y el restante se produjo entre una fecha y otra.

 

Fue la presentación de un proyecto de un pedido de informes al Poder Ejecutivo, con la firma como acompañantes de Héctor Basualdo, José Sabadini y Osvaldo Ruiz, todos justicialistas.

Con el diario La Nación, llevado por el entonces diario desarrollista Clarín al bando del proteccionismo industrial, sólo Ámbito Financiero y La Prensa publicaban en Buenos Aires información en torno de esa empresa nacida en las noches iniciales de la dictadura,  en la misma línea de Adepa, que hoy defiende lo contrario.

La iniciativa arranca con preguntas al gobierno del presidente Raúl Alfonsín acerca de la financiación de la compra de las acciones por parte de Clarín, La Nación y La Razón que pertenecían a David Graiver. En síntesis, inquieren los legisladores acerca de:

 # Condiciones en que fueron otorgados los préstamos del Banco Español del Río de la Plata por 2.400 millones de pesos y del Banco Holandés Unido por la misma cantidad pero en dólares distribuidos en tercios a Clarín, La Nación y La Razón para la compra del capital accionario de Papel Prensa S.A.

# Condiciones en que la Dirección General Impositiva otorgó diferimiento de pago de impuestos a esas empresas como integración de capital accionario de Papel Prensa S.A.

# Condiciones en que el Banco Nacional de Desarrollo otorgó créditos a esas empresas por cinco millones de pesos aplicados a la compra de Papel Prensa S. A. en abril de 1977.

# Remitir copia de los informes del veedor interventor designado en Papel Prensa S.A. por ley 21618 del 12/8/77 (BO del 19/8/77), capitán de navío Alberto M. D’Agostino y contestación del Banco Central (en todos los casos el proyecto menciona fechas y número de oficios, “los que han sido mantenidos en secreto y de cuyo texto surgirían en forma indubitable irregularidades en la administración de Papel Prensa S.A.”.

Entre otros argumentos por los cuales requieren del PEN esa información que definen como “imprescindible” señalan textualmente:

“Solicitamos este pedido porque en el origen de esta empresa, en la transferencia del paquete accionario, después del golpe que interrumpiera la democracia y la vida constitucional el 24 de marzo de 1976 hay un nombre siniestro, que acertadamente está siendo investigado por el Poder Ejecutivo, un nombre que al pronunciarlo nada más produce la más absoluta repulsa: José Alfredo Martínez de Hoz”.

La amplia fundamentación incluye una dura crítica a la “dictadura militar”, expresión entrecomillada y todavía de renuente uso en el lenguaje de los políticos de ese tiempo, a la cual atribuyen procedimientos “groseros y arbitrarios” con la complacencia, dicen, de pequeñas minorías que aparecen con los golpes militares.

Señalan que no fue por casualidad sino por esa razón que en 1971 –en el tramo final de la llamada Revolución Argentina (1966/1973) -, con una resolución de la Secretaría de Industria y Comercial se llamó a concurso internacional para la instalación en el país de una o más plantas productoras de papel para diarios, a la cual se presentaron tres empresas.

Fueron Proimpa S.A (que luego se transforma en Cívita-Doretti-Rey y Editorial Abril), Rhodafin S.A. y Coordinadora Técnico Comercial S. A.

El régimen, recuerda, rechaza las tres ofertas y resuelve después, sin ninguna explicación, una contratación directa, pese a la prohibición expresa por ley.

Así, le encarga a Proimpa que forme Papel Prensa S.A., a cuyo efecto le concede la instalación de una planta con capacidad de producción de 105.600 toneladas/año en la localidad bonaerense de San Pedro.

Director titular de Proimpa S.A. era José Alfredo Martínez de Hoz.

Algunas de las ventajas fueron:

# Exención del pago de impuestos a las ventas y sellos; exención de pagos por importación de maquinarias, equipos y repuestos, materia prima, etc.; exención de derechos de importación de pastas químicas (fibra larga) y de pasta mecánica (fibra corta);

# Postergación de pago de impuestos hasta la puesta en marcha de la planta;

# Participación del Estado nacional hasta cubrir el 33 por ciento del capital de la empresa;

# Gravamen del 10 por ciento a las importaciones de todo tipo de papel que era derivado a la formación del capital de la empresa, y tratamiento arancelario especial para impedir la competencia y promover el monopolio de papel.

* Graiver, en escena

En 1973, David Graiver compra las acciones que inicialmente pertenecían a Editorial Abril y al año siguiente, Clarín, La Nación y La Razón constituyen una sociedad denominada Papel Prensa S. A. y también proponen al Estado la construcción de una fábrica de papel, con el argumento de un posible manipuleo que hiciera el gobierno con aquélla.

“Este manipuleo con el papel como vemos es decisivo para la industria y afecta directamente a la libertad de prensa”, dice.

Con el golpe de 1976, David Graiver, uno de los principales accionistas de Papel Prensa S.A. por la compra que le efectúa a Editorial Abril, desaparece en un confuso accidente de aviación del 6 de agosto de ese año.

Señala el proyecto que ”por motivos todavía no suficiente aclarados, en el mismo año 1976 es ofrecido en venta en plaza el paquete accionario que pertenecía a David Graiver.

Los diarios Clarín, La Nación y La Razón –prosigue- por medio de aquella empresa Papel S.A., que habían fundado en 1974, se interesan en la compra del paquete accionario de David Graiver.

Pero según propia confesión de estos tres diarios en una nota publicada el 19 de mayo de 1977 –continúan-, antes de hacer efectiva la compra de dicho paquete accionario pidieron la conformidad de las fuerzas armadas, ya que como es sabido todos los bienes de Graiver se encontraban interdictos o en trámites judiciales”.

Es decir, “es puesta en venta a pesar de ser un bien de los Graiver que por resolución de la misma Junta Militar y sus aliados civiles no podían disponer de sus bienes”.

Cuentan luego que el 28 de mayo de 1976 fue elegido presidente del directorio de Papel Prensa S.A. Pedro Jorge Martínez Segovia, abogado, con oficinas en Av. Corrientes 545, 5º piso, donde trabaja en sociedad con sus colegas Guillermo Schulze, Juan Miguel Martínez de Hoz y José Alfredo Martínez de Hoz.

Y añade: “Se deberá probar la vinculación que existe en esta transferencia del paquete accionario de los Graiver en un momento de la suma del poder público por parte de Martínez de Hoz y encontrándose en la presidencia de la empresa un socio de Martínez de Hoz".

A modo de cierre en lo que concierne a la transferencia, el proyecto subraya que “a decir verdad toda esta operatoria ha sido investigada por un veedor-interventor designado por al Junta Militar el 16 de agosto de 1977, y cuyo informe fuera publicado por el diario La Prensa con fecha 27 de enero de 1982, es decir cinco años más tarde.

En dicho informe, preparado por el capitán de navío Alberto D’Agostino, surge más claro el proceder sospechoso de la dictadura militar a través de sus personeros civiles a partir de la compra del paquete accionario de Graiver”.

“Esto hay que investigarlo a fondo” decía en 1977 el secretario de Hacienda Juan Alemann, siempre más locuaz que su hermano Roberto.

Tres años después, Martínez de Hoz fue todavía más preciso: “Caso cerrado, nada más hay que hablar de este asunto”.

Seguro que sigue pensando lo mismo, ahora enfermo, viejo y detenido por otra causa de aquellos tiempos.