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A DIEZ AÑOS DE LA PRIVATIZACION

Como si nada hubiera pasado, diez años después dos hombres que habían apoyado la privatización de YPF aparecían como candidatos posibles en las presidenciales de 2003. Uno era Juan Carlos Romero, menemista, el que fundamentó la ley en el Senado y el otro Néstor Kirchner, el mandatario de Santa Cruz que por entonces hacía más ruido del que podía escucharse desde Buenos Aires.

Por Armando Vidal

El 24 de septiembre de 1992, la Cámara de Diputados transformó en ley la privatización de YPF.

Diez años después, los protagonistas que lo hicieron posible son parte de la danza de candidatos a jefe de Estado en las próximas elecciones como el caso del entonces senador Juan Carlos Romero, hoy gobernador salteño y del gobernador, ayer y hoy, de Santa Cruz, Néstor Kirchner.

Lo logró el justicialismo, sin sentimiento de pesar alguno por el general Enrique Mosconi, creador de la empresa durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen.

Y lo hizo con el apoyo de expresiones políticas minoritarias como la Ucedé, hoy virtualmente desaparecida, igual que su mentor, el casi nonagenario Alvaro Alsogaray, entonces diputado.Pese a las denuncias de corrupción del paso del proyecto por el Senado surgidas del propio seno del oficialismo, luego desmentidas.

Pese a la resistencia del radicalismo, en especial de los patagónicos con discursos cargados de un dolor nunca visto en el debate de una ley. Pese a las denuncias previas en la Justicia de presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones de José Estenssoro, presidente de YPF, impulsor del proceso.

Pese a que todo el trámite transcurrió en un tiempo sembrado de suspicacias –seis meses antes se había producido el escándalo del “diputrucho” con la ley de liquidación de Gas del Estado-, el bloque que conducía Jorge Matzkin logró la preciada votación.

* Dólares para las provincias

La ley transfería los yacimientos a las provincias, transformaba YPF en S.A., vendía sus activos (sin cotización previa) y acordaba el pago de viejas regalías a los estados provinciales productores, lo que puso de inmediato a los gobernadores en la causa que alentaba el ministro Domingo Cavallo (Salta, 120 millones de dólares; Santa Cruz, 480 millones; Mendoza, 638; etc.), todo sin una ley que fijase el marco regulatorio de la privatización ni tampoco una nueva ley de hidrocarburos.

Los justicialistas festejaron al final con la alegría que reflejaron para la historia las portadas de los diarios del día siguiente, seguramente por los frustrados intentos de alcanzar quórum a lo largo de tres semanas.

La llave que abriría la sesión se registró el 23, o sea el día anterior a la definición, cerca del mediodía, cuando, impacientes, los justicialistas esperaban que el tablero registrase 130 presentes (en aquel momento ése era el número reglamentario).

El radicalismo y otras expresiones de la oposición (como los cinco del bloque Movimiento Peronista, ex Grupo de los 8) mantenían su resistencia y aguardaban fuera del recinto que el PJ consiguiera quórum por las suyas.En el estrado, expectante, estaba el jefe de la Cámara, Alberto Pierri, a la sazón uno de los máximos referentes del duhaldismo. Si bien se hallaban varios de los diputados de extracción gremial, que ocuparon sus bancas luego de un acuerdo de último momento con el propio Menem, igual faltaba uno.

De pronto, imprevistamente, el radical riojano Raúl Galván ingresó al recinto para denunciar de pie y a los gritos que no había número para votar el plan de labor, en momentos en que el tablero electrónico marcaba 129 presentes.

Respondió su comprovinciano Jorge Yoma, en aquellos años menemista fiel y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, pidiéndole a Pierri que también computase la presencia de Galván, con lo cual sí se alcanzaba los 130. Que era lo que señalaba el tablero electrónico pero no por Galván, que seguía parado, sino por el latorrista Ricardo Molinas, quien en ese mismo instante se sentaba en una de las últimas bancas, rompiendo así su oposición a dar quórum.

Para Molinas, el capítulo coincidió con el pedido de desafuero que acababa de hacerle el juez Miguel Pons por una denuncia en su contra que provenía de cuando era titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y su hijo Fernando era su secretario personal.

Este estaba detenido por supresión y adulteración de documento público, causa de la que poco después sería absuelto y puesto en libertad.

Entre los sentados, estaba, también en el fondo, el diputado del Partido de los Jubilados, Juan Carlos Sabio, ex dirigente del gremio de los petroleros, quien votó a favor de la ley, como en abril de 1993 lo haría con la de privatización del sistema jubilatorio, pese a que había llegado al Congreso para hacer lo contrario.

Formaron parte de la cruzada, los diputados duhaldistas; los santacruceños alineados con el gobernador Kirchner como lo era por aquella época Rafael Flores, quien fue a la sesión pese a su pierna enyesada; delasotistas como Juan Carlos Maqueda, en la actualidad presidente provisional del Senado, y los puntanos de Adolfo Rodriguez Saá, cuyo hermano, Alberto, senador y jefe del bloque del PJ, había introducido un cambio al proyecto original para destinar exclusivamente a los jubilados el producto de la venta de las acciones en manos del Estado.

Aprobada la norma, Menem vetó el artículo.

El mendocino Hugo Bordín Carosio, justicialista, presidente de la comisión de Energía, ratificó que la ley era obra del “irrestricto y total apoyo a la política económica del Dr. Menem” y justificó su actitud en la “disciplina partidaria”.

La votación terminó con 120 a favor contra 10 en contra (la mayoría de partidos provinciales), sin la participación del radicalismo y otros bloques que se retiraron.

Festivos, varios oficialistas fueron hacia una de las bancas vecinas a la que ocupó el “trucho” Abraham Kenan el 26 de marzo de ese año para saludar al justicialista formoseño Julio Acevedo, quien padecía de una enfermedad terminal y estaba allí para participar del fin de YPF.

Moriría poco después.

No hubo sanciones para el diputado Luis Saadi por haber dicho desde su banca y desdecirse cuatro horas más tarde que en el Senado se había pagado “una coima de ocho millones de dólares” para aprobar la norma.

Tras largas horas de debate en una y otra ala del Congreso, nadie advirtió la profunda dimensión de las secuelas sociales en las áreas afectadas como que se evidenciaría antes de los cinco años en Cutral Có, Neuquén y en Tartagal, Salta, donde estallaron protestas nunca vistas.

Allí, en esas tierras del oro negro, nacería el movimiento piquetero, hoy con asiento en las inmediaciones de la ciudad donde se aprobó la ley que cumple diez años.

Nota: Texto para Clarín.