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AFJPs, DEBUT MUNDIAL EN DEMOCRACIA (3)

Tercera parte de la ley de creación de las AFJPs, que habla de las torpezas de funcionarios, las obediencias operativas de diputados como Eduardo Amadeo, las rebeldías del también diputado justicialista González Gaviola, del proyecto y de un "quien te ha visto y quien te ve" dedicado a un flamante ministro menemista auxiliar de Cavallo, el ex izquierdista Enrique Rodriguez.

Por Armando Vidal

Aquello concebido como un reaseguro social, que había sido fruto de luchas y conquistas desde las primeras décadas era en el final del siglo un problema insoluble al que había que poner vallas y policías para alejarlo del Congreso.

Abuelos temidos como leprosos enfrentaban como podían la causa que encarnaba el “comandante de la SS (Seguridad Social) Walter Erwin Schulthess” como lo satirizaba un diputado.

No había manera de acudir a nuevos remedos cerradas las puertas por la ley de convertibilidad a los aumentos de emergencia, mientras que la estabilidad generaba condiciones para una reforma profunda parcialmente encarada en la Argentina en 1968 bajo el autoritarismo de Onganía y en Chile -modelo de referencia de Cavallo-, con el abrupto corte impuesto por Pinochet en 1980 al privatizar el sistema.

 En la Argentina debía hacerse en democracia.

Era la primera experiencia mundial en su estilo.

Al ir replegándose las aguas de la inflación asomaba el esqueleto del sistema hundido por la expansión demográfica, la retracción de los aportantes, el descontrol en la distribución de los beneficios y la evasión.

Hasta el gobierno de Videla, la financiación del sistema se basaba en recursos propios; su ministro Martínez de Hoz suprimió el aporte patronal reimplantado por ley durante el gobierno de Alfonsín pero a esta altura aquellos recursos no eran suficientes para enfrentar el pago de las prestaciones: los provenientes de distintos impuestos creados con ese fin entre 1985 y 1992 significaron entre el 20 y el 30 por ciento del financiamiento total.

En 1986, un decreto de “necesidad y urgencia” (2196) de Alfonsín declaró el sistema en emergencia y suspendió la ejecución de las sentencias, así como la iniciación de nuevos procesos judiciales hasta el 31 de diciembre de 1988.

* Otras medidas

Para alimentar el sistema durante el gobierno radical se crearon impuestos sobre los combustibles, gas y teléfonos; también se recurrió al decreto 648, en abril de 1987 (complementario del 2196) que fijaba un modo de cálculo, un programa de pagos diferidos y congelaba la ejecución de sentencias por reajustes hasta el 31 de diciembre de 1992, en la misma dirección que el decreto 679 de un año después; con el menemismo llegaría la sanción de la ley de emergencia económica por un año (23.696), finalmente prorrogada por decreto y el pago de la deuda.

El ajuste impedía desvíos del tesoro nacional hacia los jubilados, según el criterio del mismo hombre que estatizó la deuda privada en 1982 y que diez años se había comprometido a pagarla con el esfuerzo de varias generaciones.

Para ello había consagrado la ley de convertibilidad que demandaba recursos genuinos para afrontar el pago de las deudas, reconocidas por medio de otra ley y afrontadas con bonos (23.981), cuyo valor se deprimió en manos de los jubilados.

Tal como planteó el diputado radical Baglini durante el debate del Presupuesto de 1994, los adquirentes de esos bonos a muy por debajo de su precio nominal pudieron luego canjearlos por acciones de YPF, lo cual significó una estafa a dos puntas: por malvender los bonos y luego por malvender las acciones.

“Y hay que recordar que la venta de acciones de YPF era para cancelar pasivos con el sector de los jubilados”, remarcaba Baglini en la sesión del 2 de diciembre, la última en la que participaba por finalizar su mandato.

La Bolsa de Comercio se venía en picada.

Terminaba la panacea de la cual hablaban Martín Redrado y Domingo Cavallo.

Un especialista advirtió: “Observar el derrumbe esquiando o programando la integración bursátil con Bolivia, es cerrar los ojos frente a un difícil situación que inexorablemente se avecina si no se dan respuestas creativas y rápidas”.

A mediados de 1992, Menem anunciaba que se pagaría el 82 por ciento móvil a condición de que el Congreso aprobase la privatización de YPF y la reforma previsional, un clara extorsión que la bancada radical rechazó expresamente en Diputados, mientras proponía variantes de financiación, entre ellas el restablecimiento del impuesto a los pulsos telefónicos y que los dos tercios de los fondos de la Nación en la reforma al impuesto a las ganancias se destinasen al sistema previsional.

En pocos meses todo había cambiado: a fines de 1991, en el marco del diálogo político convocado por el gobierno a instancias del ministro Manzano, una de las comisiones de trabajo creadas fue la destinada a al problema previsional, donde el tema de la privatización asomaba como hipótesis entre los técnicos del oficialismo.

El moderado radical Moure declararía después que el diálogo político como la creación del Consejo de la Producción tuvieron la misma finalidad: meter a todos en la bolsa de la reforma previsional.

* Otra visión

Con el menemismo en el gobierno, una primera respuesta fue crear un grupo de trabajo dentro de la comisión de Previsión Social de Diputados, que realizó una tarea sin notoriedad pública en 1990 hasta comienzos del año siguiente, conformada por distintos bloques, además de especialistas y abierta a la consulta con los sectores invulucrados.

Se buscaba reformular el sistema, mientras el oficialismo aguardaba que el PEN prepararse su propia iniciativa. Secretario de Seguridad Social era Santiago de Estrada, partidario de la preservación del sistema pero también de complementarlo con regímenes de capitalización individual. Hubo tres dictámenes:

* El oficialista (proyecto de Luis Parra, Eduardo Budiño, Gaspar Orieta y Luis Echevarría) procuraba incrementar los haberes por medio de una escala progresiva financiada con impuestos específicos y aumento paulatino de los aportes. Proponía pagar la deuda dando prioridad a quienes tuvieran sentencia firme y, entre ellos, a los de mayor edad. Determinaba que los recursos debían provenir de las privatizaciones. El dictamen radical era una formulación general con una puerta hacia los sistemas de capitalización (el 3 de octubre de 1989 el radical neuquino Eduardo Del Río había presentado un proyecto que incluía esta opción). El dictamen liberal -proyecto de Federico Clérici-, proponía la transformación del modelo estatal conocido en uno mixto que posibilitase el ingreso a uno privado de capitalización voluntaria como seguro de retiro. Todos coincidían en la eliminacíon de los regímenes de privilegio.

Estos lineamientos eran en general coincidentes con los enviados por De Estrada para el dictado de una ley que, sin embargo, fue otra, concebida de otro modo y en medio de un enfrentamiento inesperado tomando en cuenta la naturaleza del problema.

A mediados de junio, el ex embajador en la Santa Sede dejó el lugar a Schulthess.

En ese momento, el reclamo de pago de la deuda acumulada, con derechos reconocidos incluso por quienes lo impedían por falta de recursos, más los haberes bajos y consumidos por la inflación, era el alimento de la protesta con expresiones tales como el asalto de Norma Plá y los suyos a un ministro conmovido, asunto que quedó en la antología del Congreso y ya contado en los entretelones del diputrucho.

* Aquellos 450 pesos (o dólares)

En 1993, dos años después, seguía siendo difícil pagarles los 450 pesos que reclamaban, pese a los fondos acumulados: Cavallo no lo quería. Estaba parado sobre las ruinas del sistema y pugnaba por el nuevo, en el cual los estafados de ayer ponían la plata y, encima, pagaban comisión a los administradores.

De Estrada describiría de este modo el entorno de la ley que él nunca hubiera podido darle a Cavallo: “El gobierno no manejó bien la presentación del proyecto. Lo envió al Parlamento con un esquema determinado y después lo cambió varias veces, dando una fuerte sensación de inseguridad. Además, y esto creo que fue lo más grave, el impulso de la reforma provenía siempre, aun dentro del propio gobierno, de los sectores financieros y bursátiles, dejando totalmente de lado sus implicancias sociales”.

El comentario tenía un sentido justificatorio porque a la hora de la definición, pese al caracter compulsivo que se le introdujo por decreto para atenuar en todo lo que se pudiera el caracter opcional de la ley impuesto por el Congreso contra lo que quería Cavallo, la mayor parte de los trabajadores permaneció en el viejo sistema.

Pero la línea que ofició de corte entre un proyecto economicista y el Congreso no fue marcada por quienes estaban en la vereda de enfrente del gobierno sino por aquellos que lo acompañaban como opositores críticos, papel que tuvo Clérici y, tras su inesperada muerte, el demoprogresista Rafael Martínez Raymonda.

Si Cavallo hubiera tomado en cuenta lo que estaban expresando, la madre de las privatizaciones no hubiera sido hija de una violación.

* Idas y venidas

Schulthess no tenía la menor idea de la repercusión de de apenas un puñado de palabras al responder una de las tantas preguntas en el plenario de comisiones de Diputados, en febrero de 1992.

Había acudido para hablar de los aspectos previsionales contenidos en el luego frustrado impuesto creado por el secretario de Ingresos Públicos, Carlos Tachi, conocido por la sigla IEPE, con el cual se aspiraba financiar el sistema jubilatorio en diseño y que murió antes de nacer.

En ese ambiente habituado a las marchas y contramarchas del gobierno sobre la reforma previsional dejó saber que no se iban a reconocer los aportes al sistema a los menores de 45 años cuando el ucedeísta Federico Clérici le planteó lo que sospechaba en esa reunión que llevó unas cuatro horas pero que quedó en la historia por no más de cuatro minutos.

Monótono y técnico, el funcionario pretendía ilustrar sus explicaciones con la exposicion de cuadros a través de una pantalla, con la asistencia de una secretaria de piernas bien torneadas y minifalda que lo único que ocultaba era la edad de la portadora.

Los diputados tenían los ojos en ella y no en los diseños cargados de números.

Fontela, Chacho Alvarez, los radicales Eduardo Santín y Juan Manuel Moure, así como Clérici, hacían preguntas que Schulthess contestaba a veces molesto hasta pedir “no me hagan perder el hilo”, mientras su asistente exhibía sus encantos.

El mismo Clérici declararía después que se sentía “robado” porque ese dinero no sería reconocido, según se desprendía de las explicaciones del secretario de seguridad social.

Anahí Abeledo registró el dato para DYN y el impacto conmovió a los futuros pasivos, al gobierno y hasta un poco, incluso, al funcionario de extracción ucedeista.

Desde ese momento comenzaba a desmoronarse una estructura que ponía a esos trabajadores en una lista especial de defraudados.

* El primer proyecto

El 5 de junio apareció el primer proyecto del PEN que establecía obligatoro el ingreso al nuevo modelo de los menores de 45 años.

Naturalmente, venía empujado por fuentes vientos para pasar rápido por el Congreso pero encontró una muralla conformada por un abanico que iba desde la UCeDé de Clérici hasta los peronistas disidentes, con radicales en el medio, y el apoyo de los diputados sindicales, mientras la CGT que representaba Lescano se alineaba con el gobierno.

El cambio de esta estrategia gremial podrá recordarse mejor con el incidente protagonizado por el radical Héctor Di Tulio y el diputado de SMATA, José Rodriguez, que por poco se trenzan a golpes en una reunión de comisión en las últimas horas de un miércoles.

No estaba en discusión el proyecto sino el planteo de tratar primero y de modo específico la forma de financiar el aumento a los jubilados, que formaba parte de la iniciativa, intento frustrado por la deserción sindical.

Hubo consultas con la UIA, Colegio de Abogados, ADEBA, Federación Agraria, COFEPRES y entidades de jubilados, entre otros sectores, una ronda que culminó en la primera quincena de julio.

Pero ese primer intento se volatizaba en el clima de las elecciones del 28 de junio de 1992 por la banca que se renovaba de uno de los dos senadores porteños, el radical Juan Trilla, en la que confrontaban su correligionario Fernando de la Rúa con el menemista Avelino Porto y en las que el despojado de 1989 sacó casi veinte puntos de diferencia sobre su contrincante (49,92 por ciento contra el 31,71).

Nueve días antes, el bloque de Baglini presentaba un proyecto propio impulsado por Moure.

El 27 de agosto de 1992 se remitió al Congreso un proyecto que no tenía edad de corte y, además, reconocía los aportes al viejo sistema, lo contrario de lo que le había anticipado el secretario respaldado por Cavallo.

Economía conseguía la aprobación parlamentaria del Pacto Fiscal (ley 24130), sancionada en Diputados el 3 de setiembre  y la ley de transformación de YPF (24145), el 24 de ese mes -una de las llaves maestras fue  la inclusión de un artículo según el cual el 100 por ciento de lo recaudado por la venta de acciones clase A iría a las arcas previsionales, luego vetado-; lanzaba el Consejo Nacional Económico para la Producción, la Inversión y el Crecimiento, y arremetía por la reforma previsional.

* Dudas y proyecto del PEN

“Previo a la puesta en marcha del nuevo sistema sería necesario contar con proyecciones que aclaren de qué manera se beneficiaría el sistema”, advertía en septiembre el Instituto de Estudios Económicos sobre la realidad Argentina y Latinoamericana, dependiente de la Fundación Mediterránea, prueba de que hasta en la médula del cavallismo había dudas sobre la magnitud de la operación.

El proyecto del PEN comprendía cinco partes: la primera referida al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que incluía el régimen de reparto y el de capitalización individual obligatorio; la segunda modificaba al régimen de reparto (edad, fórmula del cálculo del haber y adecuación de pagos a los beneficiarios); la tercera se destinaba a las fórmulas de financiamiento; la cuarta a las compañías de seguros, y la última parte al modo de financiar las prestaciones no contributivas.

El lº de octubre, el diputado mendocino Juan González Gaviola presentaba un proyecto alternativo elaborado por el Consejo Federal de Previsión Social (COFEPRES), integrado por los responsables del tema en cada gobierno provincial y comuna porteña, con lo cual instalaba un polo alternativo al margen de la oposición.

Comenzaba a agrietarse el frente oficialista. Había llegado el momento de que los sindicalistas, que habían hecho posible la privatización de la empresa estatal de petróleo, se plantasen para no ser arrastrados por Cavallo.

Al menos, no sin que se atendieran sus condiciones: una era la cabeza del ministro Rodolfo Díaz; otra, la ley de paritarias. Para acompañar la inyección con la purga, el ministro Díaz, secundado por Enrique Rodriguez, cargaba las tintas sobre una futura reforma laboral, con lo cual el ex ministro de José Octavio Bordón en Mendoza, González Gaviola, comenzó a ser visto como el instrumento idóneo para resistir a Cavallo.

Mientras, el diputado ganaba un perfil de no sumisión al PEN, otros reforzaban el papel contrario: Oscar Lamberto, desde la presidencia de la comisión de Presupuesto, repetía que había que aprobar la ley antes de fin de año.

Era una exigencia del gobierno y una cuestión de extricto calendario: caso contrario, llegaba el verano lo que demandaba mayores esfuerzos para juntar los votos.

* Aparece Amadeo

El buen caracter y el gesto sonriente de este justicialista, que tiene un hermano muy parecido aunque con pelo y bigote y -dato diferenciador central- es socialista y asesor de Guillermo Estevez Boero, no representaba lo mismo que Eduardo Amadeo, ex cafierista de la primera hora, ex presidente en rojo del Banco de la Provincia y ex allegado a Eduardo Duhalde.

En ese momento no sabía como identificarse mejor con la Casa Rosada, comenzando por Bauzá. Algunos de sus compañeros veían sus faldeos con especial enojo. Uno de ellos, González Gaviola.

- Juan, ya estás crecido para hacerte el contestatario, ya te pasó la edad del acné-, lo agredió Amadeo transformado en fogonero de la ley al cruzarse en el ascensor del anexo.

- Mirá Amadeo, yo tendré acné pero vos tenés amnesia-, le contestó el bordonista.

González Gaviola, hermano de Monica, la mujer de Pilo Bordón, había sido cuarto candidato a diputado en 1983 en la lista que encabezó Manzano y antes candidato a presidente del PJ mendocino en la lista interna que promovió a Eduardo Bauzá a gobernador contra José Carlos Motta, quien ganó ese derecho y perdió luego en la abierta con el radical Felipe Llaver. Y en 1988 estuvo alineado con Menen contra Cafiero.

Otro dato que evidenciaba que se trataba de atravesar como fuera la muralla del Congreso fue el centenar de modificaciones realizadas, ninguna contraria al espiritu del proyecto, aunque apareciera como cuña la propuesta de González Gaviola para que el Banco Nación contase con su propio fondo administrador con garantía del Estado.

Otro cambio era la introducción de prisión para los empleadores que no cumplieran con sus obligaciones previsionales.

González Gaviola es un conocido de Menem, a quien apenas salió de Las Lomitas, llevó a festejar su cumpleaños a Luján de Cuyo junto con Lidia Domsik, la que luego tendría su minuto de fama pero no tanto como secretaria de la Tercera Edad, sino por su aparición en los hechos de la Sociedad Rural de 1993 cuando recorrió comisarías preocupada por detenidos que habían agredido a periodistas y al púlico que había silbado al Presidente, episodio al que se hace referencia en los prolegómenos de la reforma constitucional.

Llegó a ser punta de unos cuarenta diputados, entre ellos los catorce de extracción gremial, en otro barquinazo que comprendía a Gerardo Cabrera que jugaba a que no se rompiera nada. Pero esta línea fue perdiendo consistencia hasta obligarlo a González Gaviola a reemplantear su posición. Habían quedado atrás sus horas de gloria como cuando en setiembre lo sorprendió a Cavallo en una pelea mano a mano, con datos que el ministro despreció.

 “No los inventé yo, son los que dio Schulthess”, le respondió.

Cavallo se quedó mirándolo mientras evaluaba la conveniencia de hablar en privado con ese desafiante a quien conocía mejor Juan José Llach, secretario de Programación Económica, por su historia peronista, una especie de ciencia oculta para el ministro.

De todas formas, este médico era un “pinchón” que podía intentar disimular el asombro de sus ojos pequeños, si le decían:

- Mirá Juancho, las voluntades acá se consiguen de tres maneras: palos por la cabeza, sobres o confrontación de ideas y con vos vamos a tener que discutir hasta convencerte.

Si eso era lo que creyó escuchar de un diputado oficialista con un mando que lo tornaba algo más que influyente -no era Pierri-, si esas eran las reglas, sabía a qué se exponía.

Uno de los riesgos era que la sospecha recayera sobre él si primero resistía y luego terminaba arreglando.

Pese a las presiones, en el año del diputrucho no hubo ley ni dictamen por lo cual el tema se trasladó a febrero.

En el camino se quedó Díaz, reemplazado por Enrique Rodríguez, mientras un memorandum interno de Economía salía a luz poniendo en evidencia la falta de convicción en el nuevo sistema.

Como lo que importaba era la ley para que luego el PEN hiciera lo que quisiera con el texto aprobado, Rodriguez se empeñó en acordar el apoyo de los diputados de extracción gremial a través incluso de dirigentes que siempre tenían algo que decirle; una vieja relación que su pase al menemismo no había alterado.

El “quien te ha visto y quien te ve” con que Verbistky desde su columna en Página /12 mortificaba al ex socio y ex cuñado del radical Ricardo Cornaglia, comenzaba a cobrar plena forma en el momento que Rodriguez le allanaba el terreno a Cavallo.

Fuente: El Congreso en la trampa, Armando Vidal. Planeta, 1995. Pags. 229/230. Versión sin cortes y sin llamadas.