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AFJPs, LA BOLSA Y LA VIDA DE LOS OTROS (1)

La ley de la cooptación privada de los aportes jubilatorios votada bajo presión a cualquier precio en 1993 fue un asalto al sistema previsional. "La bolsa y la vida" es el título de uno de los capítulos dedicados a ese escándalo de un libro escrito por quien siguió como cronista parlamentario indignado las privatizaciones de Menem.

Por Armando Vidal

De las 1.219 leyes entre 1983 y 1993 que aprobó el Congreso de la Nación hubo una que concentró la más grande de las operaciones para captar votos sin incurrir en manifestaciones fraudulentas groseras en el recinto de la Cámara de Diputados. Esa ley (24.241) fue la reforma previsional.

Que haya coincidido en el calendario con el apriete a la oposición para arrancar el obstáculo constitucional que impedía que Carlos Menem aspirase a su reelección, dará con el tiempo una cabal idea acerca de cómo se celebró en el Congreso la primer década en la democracia que legaron los muertos de la dictadura y la guerra de Malvinas.

La ley tuvo todos los ingredientes que se reflejaron en el debate parlamentario:

* Un drama social que iba más allá del sector afectado que comprendía a 3.350.000 pasivos, con una crisis en el sistema en el cual 4.850.000 trabajadores pagaban y otros tantos no lo hacían.

* Violación al artículo 14 bis (Derechos sociales) incorporado por la convención de 1957 y a los compromisos suscriptos por los principales partidos en el marco del diálogo político convocado por el propio gobierno (diciembre de 1991).

* Vaciamiento del sistema previsional contra la voluntad expresada por el Congreso en leyes que canalizaban aportes provenientes de las privatizaciones, vetadas por el PEN.

* Retención de la Tesorería de 3.325 millones de dólares de los jubilados, de los cuales 1.586 millones correspondían al 15 por ciento de la coparticipación federal; 1.382,5 millones al superávit de la Administración Nacional de Seguridad Social y los 357 millones restantes al superávit de las cajas durante el primer trimestre de 1993, según denuncias del senador Oraldo Britos. Esa cifraba duplicaba la que el gobierno preveía destinar al rescate de los bocones con la venta de YPF.

* Carencia de datos para precisar la evasión de los aportes patronales, cuyo relevamiento no se había hecho así como tampoco aplicado la ley penal tributaria. Ahora descubren -imputaba en vano desde su banca el peronista disidente Moisés Fontela- que ese control se podía hacer a través de la verificación del pago del IVA. A doble captación de recursos, doble haber para los jubilados. (1).

* Movilizaciones callejeras de repudio con la participación de todo el espectro político. Campaña por la recolección de firmas que se estimó en millón para motivar la convocatoria a un plebiscito popular, arrumbadas en un armario del Congreso.

* Lobbies de los sectores económicos beneficiados por la privatización del sistema, del cual se excluía a los integrantes de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad (con la desprolijidad que hubo que sancionar inmediatamente otra ley, la 24.246, para corregir la anterior referida al personal civil de la Policía Federal).

* Presión del FMI luego de haber cumplido la Argentina las metas previstas para 1992 y hallarse ante firma del plan Brady (abril de 1993). En el Acuerdo de Facilidades Ampliadas entre República Argentina y el Fondo, de marzo de 1992, se decía en el punto 14 que “en enero de 1993 entrará en vigor un nuevo sistema obligatorio de capitalización que complementará el actual sistema y será administrado en forma privada y un sistema complementario voluntario”. Cavallo debió recurrir al director gerente del FMI, Michel Cammdessus, para presentarle excusas debido a la demora parlamentaria. El nuevo plazo estimativo se fijó para el 31 de marzo de 1993, con lo cual la reforma podría entrar en ejecución el 1º de enero del año siguiente. El compromiso inicial incluía la creación del impuesto a los excedentes primarios de las empresas (IEPE) que como más adelante se verá significó en marzo de 1992 uno de los fracasos más grandes de Cavallo en el Congreso. En el mismo punto del acuerdo se determinaba que los trabajadores hasta 45 años de edad se incorporaban al sistema de capitalización mientras que los que estaban arriba de ese tope podían optar por permanecer en el viejo sistema, financiado por medio de aportes y el IEPE. “El Gobierno -decía- pondrá en marcha las anteriores medidas, o sus equivalentes, a más tardar el 30 de junio de 1992 (reforma tributaria) y el 31 de diciembre de 1992 (reforma del sistema previsional)”.

* Amenazas constantes del PEN de rechazo a cualquier modificación al proyecto original (“aprobarlo sin tocar una coma” había dicho públicamente Menem). Amenazas de aplicar la reforma por medio de un decreto del PEN convalidado después por el Congreso cuando todo el sistema estuviera funcionando.

* Extorsión al Congreso al condicionar un aumento a los haberes previsionales a cambio de que se apruebe la reforma previsional y la privatización de YPF. El radicalismo denunciaba que los jubilados eran usados como rehenes.

* Conexidad entre los grupos empresarios que una década atrás se habían beneficiado con el traspaso al Estado de su deuda externa como Pérez Compac, Banco Río, Techint, Astra y Comercial del Plata y los que presionaban para la privatización del sistema

En consecuencia, se aprobó de apuro  sobrecargado de errores un texto definido entre idas y vueltas en horas trasnochadas de la Cámara joven, donde hasta aparece derogada dos veces ley 18.038 que sustentaba el régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores autónomos.

Ello dio lugar a vetos y decretos reglamentarios, leyes correctivas y a nuevos errores.

Más de medio centenar de invocaciones a futuros decretos incluye el propio texto aprobado.

No sólo decretos que modificaban la ley, sino resoluciones (3784/94 de la DGI), lo cual generaba una norma hecha como un collage y que alarmaba a los jueces que debían interpretarla. El camarista Roberto Wassner advertía: “En mi opinión, el tema relativo a procedimiento y competencia judicial en los eventuales conflictos que puedan suscitarse constituye, a la fecha, uno de los flancos vulnerables de la legislación”(2).

Complementaban el capítulo los comentarios triunfalistas de Cavallo acerca del modo cómo había burlado la buena fe de quienes le dieron la ley sin que los diputados oficialistas -predilectas víctimas de sus declaraciones- asumieran la confesión del engaño como un agravio al Parlamento y tampoco como un acto de deslealtad política. .

Finalmente, por primera vez, una ley implicó la denuncia por corrupción con nombre y apellido y en pleno recinto por parte de un diputado contra otro, lo cual le valió al acusador una súbita escalada en la credibilidad popular.

El fiscal fue Chacho Alvarez; el jurado que debió actuar y no lo hizo el plenario de la Camara, y el acusado Juan Carlos Sabio, único, primero y último diputado del partido Blanco de los Jubilados.

Este personaje emulado por sus representados con Judas Iscariote, el que vendió a Jesús por treinta dineros, merece dar comienzo a la historia.

La ley también se lo merece.

Nota: La numeración en el título se debe a que son siete los capítulos dedicados a la creación de las AFJP, comprendidos en uno mayor llamado El poder de la fuerza del libro que abajo se cita.

Fuente: El Congreso en la trampa, Armando Vidal, Planeta, 1995. Pags. 225/6. Versión sin los cortes del original.