El Dr. Eduardo Saguier, investigador del Conicet, reclamó por nota a la presidencia de la Nación que se investigue si científicos argentinos registraron a su nombre descubrimientos realizados  que explota una empresa británica. También presentó una denuncia penal, recaída en el juzgado federal Nº 1, cuyo texto se transcribe al final.  Un asunto del cual los grandes medios nunca se han ocupado.

Por El editor (*)

La denuncia comprometería a los directorios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria ( CONEAU), además del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y a las comisiones de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Nación.

Al CONICET, por no haber ejercido los controles sobre el destino de sus fondos y recursos humanos durante las gestiones de sus presidentes Eduardo Charreau (2002/2008) y Marta Rovira (2008/2010). 

Leer más

Terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero son mencionados en este documento de la comisión bicameral de control de los organismos de informaciones como actividades que demandan una tarea de inteligencia que se califica de absolutamente necesaria. Todo en medio del descrédito y desconfianza de la sociedad, según admite.

“Inteligencia” es una actividad necesaria como herramienta para la conducción del Estado. Es un valioso instrumento de asesoramiento para la toma de decisiones, manejo de crisis y aprovechamiento de nuevas oportunidades dentro de un contexto global, caracterizado por el alto grado de incertidumbre (…).

Por ello es que las agencias de inteligencias son absolutamente necesarias para estar en capacidad de adoptar medidas de prevención, que permitan minimizar los riesgos que entrañan, entre otros fenómenos, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el lavado de dinero y las múltiples amenazas contemporáneas a la gobernabilidad del sistema democrático.

Partiendo de la definición que contiene el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término control significa, entre otras cosas, comprobación, verificación y/o fiscalización, con lo cual puede señalarse que Control Parlamentario sobre la actividad de inteligencia, consiste fundamentalmente en la comprobación, verificación y/o fiscalización, de que el Sistema de Inteligencia Nacional desarrolle sus actividades con legalidad, lo que supone un estricto apego al marco normativo que regula tal actividad.

El requisito de “legalidad”, si bien es común a todas las instituciones de la República, particularmente debe ello remarcarse cuando se hace referencia a la actividad de “inteligencia” de Estado, presuponiendo un mantenimiento delicado del equilibrio entre eficiencia del accionar y un riguroso respeto de los derechos de los ciudadanos.

Por lo tanto, es de fundamental importancia que mediante el ejercicio de un Control Parlamentario efectivo, se asegure a la ciudadanía el mantenimiento de dicho equilibrio, muy particularmente teniéndose en cuenta la actitud crítica que tiene la opinión pública en general, respecto de la actividad que desarrollan las agencias de inteligencia, actitud negativa que posiblemente se da, debido al notorio desconocimiento de los profundos cambios introducidos en el funcionamiento del Sistema Inteligencia Nacional, a partir del proceso que se inicia con la sanción de la ley N° 23.554 de Defensa Nacional en 1988 y que se completa el 6 de diciembre de 2001 con la sanción de la ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional.

La ciudadanía en general desvaloriza la actividad de las agencias de inteligencia, atribuyéndole la comisión de conductas contrarias al estado de derecho, dándose por ciertos falsos supuestos, tales como:

 • Que la actividad de inteligencia es sinónimo de “políticas de represión”

• Que la inteligencia es algo exclusivo y privativo de las fuerzasarmadas o de las fuerzas policiales, por lo tanto, ámbitos ajenos al control de lasinstituciones de la democracia.

 • Que la inteligencia es un poder que opera oculto dentro del Estado,con recursos, medios, estructuras y objetivos secretos, difícilmente conciliables con los intereses de la República.

 • Que la actividad de inteligencia favorece el desvío con fines espuriosde fondos “reservados”, presupuestados para su funcionamiento.

• O que la inteligencia posibilita el uso impropio de información confidencial para perjudicar a los adversarios políticos.

Fuente: cbi.gov.ar (Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia

De esta nota podría desprenderse que la hipocresía y la desidia son los rasgos predominantes de los políticos en el Congreso, sin distinción partidaria, porque en la casa de los controles, que deben  estar en manos de la oposición, la oposición no los ejerce y, encima, deja las pruebas tiradas.

Por Laura Serra

LA NACION

Centenares de expedientes se apilan, olvidados y cubiertos de polvo, al fondo de un pasillo lúgubre, de paredes amarillentas y descascaradas por el paso del tiempo y la desidia.

Cada una de aquellas carpetas representa un tesoro virgen, rebosante de datos, cifras y diagnósticos críticos sobre las áreas más sensibles del Estado.

Cualquier legislador opositor se restregaría las manos ante semejante meca de información, pero llamativamente nadie se da por enterado.

Así, condenados al abandono, yacen en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso más de 280 informes de control que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN) que ni siquiera fueron revisados por los legisladores.

Peor aún, otros 50 expedientes ya dictaminados y listos para ser discutidos en el recinto esperan su turno desde mayo, siempre postergados por otros temas supuestamente más importantes.

Ni siquiera el hecho de que en dos de esos expedientes se recomiende, incluso, la presentación ante la Justicia por la gravedad de las irregularidades detectadas parece conmover a los legisladores para apurar su tratamiento.

Una de esas dos auditorías se realizó sobre el Occovi, el organismo que controla las concesiones viales y que hasta 2008 manejó Claudio Uberti.

La AGN detectó irregularidades en los procesos de renegociación de concesiones viales con empresas que, en algunos casos, registraban incumplimientos totales en obras con las que se habían comprometido.

La otra auditoría se efectuó sobre la APE, la Administradora de Prestaciones Especiales, uno de los organismos bajo sospecha en el caso de la mafia de los medicamentos.

Allí la AGN revela el pago de sobreprecios en la campaña de vacunación antigripal de 2004 y defectos en la rendición de cuentas de parte de los sindicatos, entre otras anomalías.

* Problema estructural

Lo sugestivo del caso es que la oposición domina ahora la Cámara de Diputados, por lo que no podría echársele la culpa al oficialismo de querer eludir el debate.

La pregunta, entonces, es por qué sigue paralizado el control en el Congreso.

"Se trata de un problema estructural, porque es el sistema el que no funciona -afirma el diputado Heriberto Martínez Oddone (UCR), flamante presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas-. La Constitución nacional le confiere al legislador un doble papel, el de legislar y el de controlar, pero este último, que es tan importante como el primero, no lo tiene asumido. Muchos legisladores no saben siquiera lo que es un informe de auditoría. Si lo descubrieran, sabrían que cada informe es oro en polvo."

El diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), miembro de la comisión, coincide.

"Hay informes muy importantes pendientes. Como aquel que responsabiliza a Ricardo Jaime [ex secretario de Transporte] por no haber instrumentado las obras necesarias para adaptar el transporte público a los discapacitados, como marca la ley", sostuvo.

Martínez Oddone se propuso sacar del ostracismo a la Comisión Mixta Revisora; para ello, contrató al auditor Alfredo Fólica para poner al día a la comisión.

El retraso es pasmoso; hay expedientes que datan de 2005 que ni siquiera fueron leídos.

 "La única forma de corregir este problema es reglamentar el artículo constitucional que instauró la AGN, para dotarla de autonomía y mayores facultades -afirma el auditor Horacio Pernasetti (UCR)-. No hay eficacia en el control porque los informes de auditoría, si bien técnicamente son buenos, no son oportunos, ya que se aprueban tarde. Para peor, las recomendaciones que allí se formulan no obligan a los funcionarios a cumplirlas, por lo que terminan siendo simples súplicas".

"Los informes deberían ser vinculantes con sanciones o multas para los funcionarios que incumplan con sus deberes. Si no, el control no sirve", agrega Martínez Oddone.

Todo esto explica el desinterés legislativo por los informes de la AGN.

La oposición prometió que avanzaría en una ley para cambiar la situación, pero por ahora no figura en su agenda de prioridades.

"Tal vez porque se imagina gobierno en 2011", acicatea un importante legislador oficialista.

50 Dictámenes Fueron emitidos por la comisión, sobre casos de irregularidades, pero no se discutieron en el recinto.

Volanta, título y bajada: El Congreso. La oposición, con poco énfasis para investigar/ Insólita parálisis en una comisión de control legislativo/ Se acumulan casi 300 informes sin tratamiento con serias irregularidades sobre la gestión

Fuente: La Nación, 12/9/10.

La infrecuente carta que aquí se transcribe de la diputada Stella Maris Córdoba explica las razones y cometidos del control parlamentario sobre los organismos de Inteligencia para que la tarea que se realiza se adecue a las normas y no generen condiciones que terminen atentando contra el sistema democrático. La diputada es la vicepresidenta de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Estimado ciudadano:

La creación de esta Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, constituye un paso muy importante hacia la consolidación de nuestra democracia y el fortalecimiento de nuestras instituciones.

La misma fue creada en el año 2002, a través de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional. Sus principales facultades son supervisar los organismos pertenecientes al Sistema Nacional de Inteligencia y fiscalizar que su funcionamiento se ajuste a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes (art. 31).

Durante los últimos dos años, la Comisión ha realizado numerosas actividadesy ha trabajado intensamente con gran compromiso para impulsar una mayor transparencia en los organismos estatales que hacen a la seguridad del ciudadanoy de nuestra patria. Este será nuestro punto de partida, afianzando los logros y cometidos de la gestión anterior y potenciando nuestro accionar de cara al futuro.

Dada la sensibilidad del área, creemos fervientemente que los controles institucionales, sin obstaculizar la actividad de inteligencia, son indispensables ya que contribuyen al fortalecimiento de la República y de su vida en democracia.

El artículo 33 de la ley 25.520 establece que la CBI puede recibir denuncias formuladas por personas físicas y jurídicas sobre abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos de inteligencia y la investigación de las mismas. Nuestra Comisión está abierta a todo intercambio con la ciudadanía en esta materia.

Argentina, seguida en su ejemplo por Brasil y Chile, es pionera en América latina en el control parlamentario de sistemas de inteligencia. Existen también comisiones similares en países como Alemania, España, Estados Unidos, Italia, Holanda, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.

Estamos muy comprometidos en seguir avanzando en nuestra tarea diaria, de modo de lograr una mejor calidad institucional y así una adecuada inserción de nuestro país en el contexto regional y mundial. A través de este sitio web, reafirmamos nuestra voluntad de transparencia y mejoramiento de la comunicación de los actos de gobierno. Lo invitamos a visitar este sitio con frecuencia. Cordialmente, diputada nacional Stella Maris Córdoba.

Fuente: cbi.gov.ar (Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividada de Inteligencia)

Nota: La diputada Córdoba pertenece al bloque Frente para la Victoria/PJ de Tucumán.