A+ A A-

VISCA, DECKER Y OTROS PESADOS

Autor antiperonista, da cuenta del trámite de juicio político con el que el primer gobierno de Juan Domingo Perón removió a cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia que, en 1945, había formado parte del complot contra el entonces coronel preso, que puso fin el 17 de octubre. Al final del artículo, el historiador Fermín Chávez dice quién era el magistrado que se salvó.

Por Rogelio Alaniz

El 10 de agosto de 1946, José Emilio Visca, presidente de la comisión de Juicio Político puso en manos de la Corte el llamado proyecto (Rodolfo) Decker. Se trataba de las consideraciones elaboradas por este diputado de apenas veinticinco años que, dicho sea de paso, debe de ser uno de los pocos, por no decir el único, de los protagonistas de aquellos años que aún se mantiene con vida. (NdE: Decker falleció a los 98 años y se estuvo activo hasta cerca del final, atendiendo incluso su estudio  de  abogado a una cuadra del Palacio de Justicia). 

El 18 de septiembre se inició el pedido de juicio político a los jueces de la Corte en la Cámara de Diputados. El despacho oficial fue firmado por Visca, Manuel Díaz, José Rossi y Manuel Sarmiento; en tanto que por la oposición merece destacarse la labor desempeñada por el diputado radical y santafesino, Julio Busaniche.

El debate duró alrededor de diecisiete horas. Después los peronistas bajaron los votos: 104 a 47.

Los muchachos en estos temas suelen ser disciplinados y eficaces. Verticalismo es la palabra que designa esa singular habilidad para cumplir con la voluntad del jefe.

El señor Visca proveniente del más rancio conservadorismo de la provincia de Buenos Aires, iba a demostrar que en esas lides podía ser el mejor alumno.

Dos años más tarde, este caballero ganará definitiva celebridad nacional cuando presida la comisión que llevará su nombre.

Perdón por la digresión, pero algunos datos históricos merecen conocerse.

Esa comisión bicameral se constituyó en su momento para investigar los abusos cometidos por la policía y los servicios de inteligencia controlados por el peronismo contra los contreras, pero Visca se las ingenió para transformarla en una patrulla destinada a investigar a dirigentes opositores, allanar y clausurar periódicos y administrar las entregas de papel entre los diarios amigos y enemigos.

No hace falta disponer de una imaginación tropical para advertir que en estos temas, sesenta y cinco años después, no ha habido nada nuevo bajo el sol.

Retornemos al juicio político.

Resuelto el trámite en la Cámara de Diputados, inmediatamente se constituyó la comisión encargada de redactar las acusaciones y oficiar de fiscal ante la Cámara de senadores.

Los nombres merecen recordarse.

En primer lugar estaban Visca y Decker. A ellos se sumaron Ernesto Palacio, Raúl Bustos Fierro, Alcides Montiel y Eduardo Beretta.

Palacio se había iniciado en el anarquismo, luego se identificó con el nacionalismo conservador y fue golpista en 1930. Al momento de ser elegido diputado peronista, ya era reconocido como historiador o, para ser más preciso, escritor de libros de historia revisionista.

Bustos Fierro era cordobés, abogado, y sus inicios políticos se habían dado en el radicalismo. De los integrantes de la comisión de juicio político, Bustos Fierro era el único con formación jurídica adecuada.

Las asociaciones y colegios de abogados hicieron oír sus protestas.

Aparecieron algunas solicitadas y declaraciones de reconocidos juristas. Todo fue en vano. Perón necesitaba una Corte dócil y una solicitada en los diarios conservadores no le iba a torcer el brazo.

Por las dudas, los operativos represivos e intimidatorios se incrementaron. Sin ir más lejos, el 28 de agosto un grupo de abogados que se había reunido en el estudio jurídico del doctor Abel Houssay, fueron detenidos y encerrados en un calabozo por más de veinticuatro horas. ¿El motivo? Muy sencillo: la violación de un edicto policial que prohibía las reuniones públicas si previamente no se había solicitado el correspondiente permiso.

Los jueces de la Corte, por su parte, procedieron a elegir a sus defensores. Ramos Mejía será representado por José Díaz Arana, afiliado al partido Demócrata Progresista; Antonio Sagarna lo convocó a Alfredo Palacios, quien aceptó inmediatamente, no sin antes ponderar la condición proletaria de la familia de su defendido.

Los peronistas empezaron a ponerse nerviosos. Había que debatir y para colmo de males había que hacerlo con un polemista temible como era Palacios.

Algo había que hacer, se decían entre ellos. Pensaron y pensaron, hasta que le encontraron la vuelta. Los abogados defensores no podrían usar de la palabra; los alegatos serían leídos por el secretario de la Cámara, un tal Manuel Reales. Se trataba de impedir que Palacios o Díaz Arana hablaran, o montaran su propio espectáculo.

 Por otra parte, el peronismo era conciente de que -salvo Bustos Fierro- carecía de legisladores con formación jurídica capaces de confrontar con los opositores.

El otro abogado peronista en condiciones de hacerlo era Arturo Sampay, entrerriano, iniciado políticamente en el radicalismo, y que seguramente reservaba su enorme y reconocido talento para la asamblea constituyente de 1949 (NdE: Error, Sampay no era diputado de la Nación).

El 30 de octubre de 1946 y con Alberto Teissaire en la presidencia (NdE: Teisaire era senador) -el mismo que después de 1955 se transformará en un despreciable delator de sus propios compañeros- se iniciaron las sesiones.

El oficialismo tomó la palabra y dio a conocer los motivos que fundaban el pedido de juicio político. Una semana más tarde se les informó a los demandados que disponían de quince días para responder.

El 4 de diciembre, y esta vez con la presidencia de ese personaje patético y grotesco que fue Jazmín Hortensio Quijano, vicepresidente de la república (NdE: agravio gratuito del autor al radical correntino aliado del peronismo y que integró la fórmula ganadora en las elecciones del 24 de febrero de 1946) se inició la sesión en la que los demandados ejercerían su derecho a la defensa.

Antes de que algunos de los legisladores presentes usaran de la palabra, Quijano informó con tono de voz neutra que, de acuerdo con el artículo 25 del reglamento, los defensores debían estar en el palco bandeja.

El vozarrón de Alfredo Palacios tronó en el recinto. “¡No permito señor presidente!”, dijo ante el estupor de los peronistas que habían previsto que el abogado socialista no hablara.

“Hacer sentar en la barra a los defensores de la Corte es un agravio...”, acusó Palacios.

Pero Quijano no lo dejó continuar. “¿Dónde está el comisario de la Cámara? preguntó a los gritos, “que venga en el acto para invitar al doctor a retirarse”.

Quijano hablaba con la ansiedad y la angustia de quien sabía que se estaba jugando el puesto (NdE: ¿por hacer cumplir el reglamento?).

Desde la bancada oficialista crecieron los murmullos y se escuchó algún insulto contra Palacios.

Éste, mientras tanto, había retomado la palabra. No se escuchaba bien lo que decía, pero sus últimas palabras fueron claras: “Si los jueces son enemigos de los acusados, no hay tribunal ni hay justicia”.

La cosa no daba para más.

“No hay ni tribunal ni justicia”, repetía Palacios mientras se retiraba acompañado por sus amigos.

En la puerta del Senado fue abordado por los periodistas.

Allí se permitió algunas licencias verbales, propias de su estilo. La que quedó registrada para la historia fue la siguiente: “Aquí lo que no hay es vergüenza, carajo”.

Más tarde declarará en rueda prensa: “Hemos soportado un largo via crucis, en cuyo trayecto la defensa ha debido soportar con entereza las pruebas medievales del agua y del fuego”.

Y cuando le preguntaron su opinión sobre el juicio político dijo: “Este juicio político se ha realizado por sugerencias evidentes del actual presidente de la república, líder del partido al que pertenecen los dos tercios de diputados acusadores y la unanimidad de los senadores”.

El 30 de abril de 1947, a las cuatro de la tarde, los senadores por absoluta mayoría votaron la destitución de los jueces.

Cuando los legisladores se estaban retirando, ya se escuchaba el estruendo de los bombos peronistas convocando para la fiesta del 1º de mayo.

Las tapas de los diarios nacionales del día siguiente informaron sobre lo sucedido, pero los ecos de la Fiesta del Trabajo fueron mucho más estruendosos.

Roberto Repetto no fue destituido porque se le reconoció que dos meses antes de asumir el nuevo gobierno, él había iniciado los trámites de su jubilación. El único que se salvó de la limpieza fue Casares, de quien ya mencionamos su condición de hispanista y nacionalista católico.

Dijimos en su momento que Casares fue designado juez de la Corte por el general Edelmiro Farrell, pero que no era éste el primer reconocimiento.

En 1943 el ministro Gustavo Martínez Zuviría lo nombró interventor en la UBA, donde se clausuraron centros de estudiantes, se ilegalizaron asociaciones profesionales, cesantearon docentes y numerosos estudiantes fueron a dar con sus huesos a la cárcel.

Efectivamente, Casares era un hombre merecedor del cargo de juez de la Corte con el que acababan de honrarlo. (1)

Liquidada la Corte conservadora se procedió a designar la Corte peronista. Además de Casares, estarán allí Felipe Pérez, Luis Longui, Rodolfo Valenzuela y Justo Alvarez Rodríguez, quien, además de abogado, era cuñado de Eva Perón.

 “¡Misión cumplida mi general!”, dicen que le dijo José Emilio Visca a su jefe.

(1) Nota del editor de Congreso Abierto, que es también autor de todas las que se realizan en este texto. Para comprender acabadamente quién era y cómo era el cortesano Tomás Cásares es muy ilustrativa la descripción que de él hace un autor que está en las antípodas ideológicas del firmante de este artículo, que es el escritor y periodista Fermín Chavez, autor de un trabajo muy especial que luego se consigna. Dice: "Algún lector, tal vez, habrá de reparar que en nuestra nómina no figura el Dr. Tomás D. Casares, notable jurista que se desempeñó como miembro de la Suprema Corte de Justicia, desde 1944 hasta 1955, y que presidió dicho tri (NdE: Decker falleció a los 98 añisbunal entre 1947 y 1949, luego que la Corte anterior a 1946 fue sometida a juicio político. Casares era católico y el conflicto con la jerarquía eclesiástica lo arrebató en 1955. Y la historia lo hizo víctima cuando, en junio de 1955 y en el mitin antiperonista de Corpus Christi, fue detenido en la Catedral. Tal es la razón de esta exclusión". Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Proemio, Ed. Theoría,2003.

Volanta y titulo: El juicio político de 1946 a la Corte Suprema de Justicia (II)/  ¡Misión cumplida mi general!

Fuente: El Litoral, 13/1/ 13  (www.ellitoral.com )